Insufrible normalidad

ALEGAR LA PROPIA TORPEZA EN POLITICA

Por Renato Berrino - Opinión

Nemo auditur qui propriam turpitúdinem alegans: ‘no será oído quien alega su propia torpeza’. Principio jurídico en virtud del cual nadie puede alegar la propia culpa en juicio. Ignorantia legis non excúsat : ‘la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento’.

 

“ No acepten lo habitual como una cosa natural pues en estos tiempos de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe ser tomado como natural, nada debe ser imposible de cambiar” Bertolt Brecht.

“La falta de crítica a la autoridad es el peor enemigo de la verdad”. A. Einstein.

 

Nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa, es un principio general del derecho. Toda persona debe soportar el riesgo derivado de los propios actos, aun de los efectuados sin culpa, y no puede alegar la propia torpeza —en su propio beneficio— para liberarse de una obligación contraída. El error de derecho, o sea el desconocimiento o conocimiento equivocado de las leyes, no puede en ningún caso alegarse, para eximirse de responsabilidad. Como sujetos de derecho tenemos unos deberes de cuidado mínimos al vivir en sociedad, cuando se transgrede ese deber y se causa un perjuicio a alguien, es inaceptable que como excusa se proponga justamente la violación de la ley, el deber, el cuidado mínimos que exige vivir en sociedad.

 

Es un principio que jurídicamente no está para nada en desuso, todo lo contrario. El Estado, como Fisco, se vale del mismo permanentemente para ser inflexible en el trato con los ciudadanos contribuyentes, quienes no pueden alegar ignorancia de las leyes y resoluciones para no cumplir. Como muestra baste un simple ejemplo de una persona que dijo haber extraviado sus facturas como argumento para no haber pagado impuesto a las ganancias. Otro claro ejemplo de no poder alegar la propia torpeza como circunstancia a favor es el caso de una empresa que no quiso pagar indemnización por despido a un trabajador diciendo que había mandado el telegrama de despido por error.

 

Pero en política, el arte de lo posible, sí que se usa la alegación de la torpeza propia como elemento disculpante para proceder a sacar un beneficio o ventaja político. Como veremos al final, en la enumeración de casos, si ya casi pareciera que es algo normal.

 

¿Normal? ¿Es posible que lo que anteriormente era considerado desde un punto de vista sociológico como anormal ahora sea considerado como normal? Malas noticias. Lamentamos decir que sí.

 

Normalidad es la cualidad o condición de normal (que se ajusta a las normas o que se halla en su estado natural). En un sentido general, la normalidad hace referencia a aquel o aquello que se ajusta a valores medios. Evidentemente, lo social no es natural, es decir, todo lo que acontece a nuestro alrededor (las cosas, los comportamientos, las acciones, las relaciones e instituciones) y que forman parte de nuestra vida cotidiana no es algo natural sino cultural. Lo “normal” es más bien lo que hace la mayoría y el término  “normalidad” es relativo y depende del contexto. La normalidad de un comportamiento está vinculada a la conducta de un sujeto que no muestra diferencias significativas respecto a la conducta del resto de su comunidad.

Cada sociedad tiene sus propias pautas de “normalidad”, es decir que lo que para una sociedad es normal, puede no serlo para la otra, o como pasa por ejemplo en Argentina, lo que era antes anormal puede ser considerado ahora como normal, o al menos ocurre que el accionar de determinadas conductas antes anormales no activa ya ningún mecanismo de rechazo porque de alguna manera admitimos que el concepto de “normal” ya no es el de antes. Así, la sociedad argentina se ha ido acostumbrando a la violencia, a la inseguridad, a la corrupción, a la injusticia, a la desigualdad, a la mentira, a la muerte en los trenes.

 

Como es habitual entonces de observar en la política económica argentina, la conducta por parte de responsables políticos de alegar la propia torpeza (desconocimiento de normas ó incumplimiento de deberes de funcionario público) como argumento a favor de la situación enojosa  que el poder dice querer intentar modificar debería:

 

1-Ir acompañada de una autocrítica y solicitud de disculpas (y por qué no también renuncias) por parte de los responsables. Pero no será así. El estilo de poder actualmente de moda en política  excluye de su diccionario la palabra autocrítica, el reconocimiento de errores y de la noción de verdadero diálogo político y social.

 

2-Ser objeto de denuncia ante el Poder Judicial a los efectos de ver si configura un delito ó no, cuando de funcionarios con responsabilidades se trata. En Argentina actualmente no existe tal posibilidad, y los que se animan a denunciarla chocan contra un paredón habitualmente. El sistema judicial pasa por alto este tipo de conductas sin siquiera ya percatarse de su irregularidad manifiesta conforme a lo normado por la legislación y jurisprudencia vigente, y jueces serviciales al poder están siempre prestos a dormir las denuncias de particulares y/o legisladores.

 

3-Debería ser objeto de sanción moral de buena parte de la sociedad, y en tal sentido repudiado sin miramientos. Pero estamos diciendo que  lo conocido como normal hace rato ya que dejó de serlo. Entonces ese repudio no aparece o permanece domesticado y bajo la superficie.

 

Mucho de lo que antes era  anormal ahora es considerado (o al menos tolerado) como normal. Probablemente la sociedad argentina esté enferma. Enferma de anomia. Y ya consagra como “normales” situaciones que jamás imaginó hace unos años que podrían serlo, y en tal sentido no sanciona de ninguna manera ya estos procederes. El poder económico y político hace lo que se le antoja. Miente impunemente, no asume responsabilidades, y nos somete todos los días a un aberrante espectáculo público en el que nos deliran hasta por cadena nacional.

 

 

La que sigue es apenas una insufrible lista de ejemplos recientes en los cuales políticos y hasta jueces alegan a su favor su propia conducta torpe como argumento para convalidar los cambios que quieren impulsar, en su propia defensa o a su conveniencia, en determinadas cuestiones de la actualidad política y económica argentina:

 

 

En julio de 2011 la ONG La Alameda denunció que en varios departamentos propiedad del Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni se ejercía la prostitución. El Juez deslindó su responsabilidad alegando su PROPIA TORPEZA: dijo que él no podía saber nunca el destino que los inquilinos le daban a los alquileres y  que para la administración de sus inmuebles tenía designado un apoderado que se encargaba de todo, que él solo se limitaba a recibir los importes cobrados. No podía ignorar el Juez que la responsabilidad no se delega al nombrar a un apoderado, y menos cuando éste es íntimo conocido suyo, lo cual se supo al comprobarse que ambos compartían el mismo domicilio legal.

 

El gobierno otorgó durante años  desde 2006 cifras millonarias para planes de vivienda a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini y administrada por su apoderado Sergio Shoklender. Este último en teoría terminó armando un tremendo desfalco. Tanto el Gobierno como la titular de la Fundación en su favor ALEGAN LA TORPEZA de haber confiado excesivamente en el apoderado, y por ello no haber controlado el verdadero destino de los fondos, al cual acusan como único responsable que esos dineros públicos se hayan desviado. Es más, la justicia federal, de manera insólita, los aceptó como querellantes (damnificados) en la causa que lleva dormida hace casi un año. La titular de una persona jurídica debe saber que no se delega responsabilidad en un simple apoderado, y el Estado no puede ignorar las disposiciones legales que en  ningún momento pueden contemplar que se desentienda del destino de sus desembolsos. La Oficina Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo, tiene como obligación atender de manera preliminar este tipo de situaciones, y actuar con consecuencia con anticipación (ver en este link  especialmente el punto c-).

 

Macri firma el 3 de enero de 2012 el Acta-acuerdo para el traspaso de los subtes de la Nación a CABA. Luego de la tragedia ferroviaria de Once, el jefe de gobierno de la CABA Mauricio Macri “devuelve” a la Nación los subtes ALEGANDO UNA TORPEZA: que al momento de firmar el acta de cesión no se había dejado en claro que harían falta millonarias inversiones para el correcto funcionamiento, y las fuentes de su financiamiento.

 

En marzo de 2012 se supo de los aumentos de hasta 100%  en las dietas de los legisladores nacionales, vigentes desde enero. La justificación que sobre este tema dio el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, cuando dijo: "Es para acabar con el modelo de la Banelco y de los lobbies haciendo operaciones en las cámaras" y agregó "de lo contrario tenemos que dejar la política para que la hagan los ricos y los ladrones". Es decir alegó la PROPIA TORPEZA  de la clase política en su largo historial de corruptelas como justificación para el aumento desmesurado de las dietas. Algo así como que conviene cobrar más de sueldo para tener que corromperse menos. Luego de estas declaraciones la conclusión podría ser que es más inmoral el concepto que Julián Domínguez tiene sobre la política y su forma de accionar, que el aumento en sí.

 

Luego de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero pasado, el Ministro de Planificación, máxima autoridad en la materia sólo por debajo de la presidenta, intentó deslindar todo tipo de responsabilidad propia y de sus funcionarios, alegando como justificante de su proceder la PROPIA TORPEZA de no haber controlado el accionar de las empresas concesionarias, la existencia o no de las inversiones requeridas  en el mantenimiento de los servicios, declarando, increíblemente luego de 9 años de gestión, que "No se puede imputar al funcionario de turno por décadas de abandono". Especialmente por las décadas anteriores a la última década en la que estuvimos nosotros, sólo le faltó agregar.

 

El último jueves santo el ahora Vicepresidente de la Nación se defendió acusando públicamente a diversas personas que quisieron coimearlo hace un tiempo, argumentando que como él no aceptó, ahora querían vengarse de alguna manera. Es decir, no tuvo problemas en alegar la PROPIA TORPEZA de haber eludido su obligación que como funcionario público tiene de denunciar inmediatamente cualquier intento de soborno, violando lo que prescribe el Código Penal (ver link con denuncia de un abogado) para salvar de momento su situación actual. Además acusó al Juez Rafecas de mantener un inapropiado intercambio de mensajes electrónicos con un abogado. Omitió decir que la parte “ayudada” en teoría por el Juez era el abogado de la parte de su amigo y socio Martínez Carmona. Rafecas, de este modo, terminó apartado de la causa recusado por alguien que alegó su PROPIA TORPEZA de haberle pedido información indebida y extraoficial al magistrado, algo en contra al código de ética de la profesión de la abogacía.

 

La presidenta de todos y todas en ocasión de enviar al Congreso el proyecto de expropiación de YPF confesó estar ante una política de vaciamiento de la empresa. Dijo: “De proseguir la política de vaciamiento (de YPF) prácticamente nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos”. Es decir, pone como causa de la decisión de expropiación el interrumpir la política de vaciamiento que se estaba verificando. Admite como argumento para proceder a la expropiación entonces, sin reconocer culpa, a la PROPIA TORPEZA de haber permitido expresamente esa situación, por cuanto todo lo que hizo YPF como sociedad argentina hasta 2011 no sólo contó con el visto bueno desde el punto político, sino que contó con la aprobación expresa de todo lo actuado año a año por el representante del Estado en el Directorio y por la Sindicatura de la Nación. Al respecto se puede leer una demanda penal por vaciamiento de YPF iniciada por la diputada Carrió en este link.

 

El pasado 1º de Mayo con motivo del Día del Trabajador, el ministro de trabajo Carlos Tomada mandó sus saludos por Twitter, e instó a desplazar a "cierto sindicalismo empresarial originado en el neoliberalismo". Como con el tema de los trenes, alegan la PROPIA TORPEZA  de no haber hecho absolutamente nada por democratizar las agrupaciones sindicales echándole la culpa de la situación a la pesada herencia  de los 90, a pesar de que están hace 9 años en el poder (además Tomada ya era Secretario del Ministerio de Trabajo desde 2002 con Duhalde), y a pesar también de lo bien que se sirvieron de ese “sindicalismo empresario” por ejemplo en el ascenso y consolidación del poder  en todos estos años pasados de Moyano al frente todavía  de la CGT.

 

El 3 de Mayo pasado una nena de seis años desaparecida en Tucumán fue hallada asesinada. La senadora provincial Beatriz Rojkés de Alperovich (una multimillonaria esposa del multimillonario gobernador de Tucumán, y nada menos que puesta por CFK como presidente provisional del Senado de la Nación en la línea de sucesión presidencial), cuestionó a los padres de la niña por el descuido de tenerla en la calle con tan corta edad. Alegando la PROPIA TORPEZA de no cumplir con el verdadero rol del Estado para desentenderse de las culpas que le corresponden y corresponderán siempre por fallas en la seguridad de las personas dijo (link a texto y audio): "No podemos tener al señor Estado a la par de la familia que está borracha y permite que una nena de 6 años ande sola". Alucinante. ¿Y quien tendría la culpa sino el Estado de que una familia no trabaje, pero tenga dinero para estar borracha? Tan burras resultaron sus declaraciones que no tuvo otra que pedir disculpas al día siguiente, asesorada seguramente por sus sostenedores políticos, lo cual por sí solo habla de la gravedad de sus declaraciones.

 

Ya lo había admitido en ocasión del discurso del 1ro de Marzo de apertura de sesiones legislativas en el Congreso. El 4 de Mayo pasado, al celebrar la sanción de la ley de expropiación de YPF, nuestra presidenta nos dijo: “Quiero hacer un llamado a todas las empresas para la reinversión de las utilidades porque las estamos subsidiando y porque la juntaron en pala durante todos estos años". Es decir, CFK pretende cierto comportamiento futuro de empresas alegando como causa para ello la PROPIA TORPEZA de haberles permitido durante 9 años que hicieran fortunas con los subsidios financiados por medio de un sistema impositivo regresivo bancado por los que menos tienen, o sea admitiendo sin decirlo que lo que ha estado ocurriendo ha sido una suerte de “redistribución de la riqueza al revés”.

 

Sólo algunos ejemplos de vergüenzas cotidianas. Pero como dice el anillo en la mano de un famoso capo del fútbol: “TODO PASA”.